Washington.- La noche en que recuperó la Presidencia, Donald Trump declaró que «es hora de unirnos y dejar atrás las divisiones de los últimos cuatro años». Eso fue todo. Pero solamente le tomó 55 horas comenzar a amenazar nuevamente con usar su poder recién recuperado para investigar a quienes lo enfurecen.
Molesto por lo que llamó «rumores falsos y probablemente ilegales» de que podría vender acciones Truth Social, su plataforma que se ha convertido en una fuente importante de su riqueza, el republicano recurrió a Internet para negar tales planes y exigió que quienes difundan las especulaciones «sean indagados de inmediato por las autoridades correspondientes».
Aún no está claro si alguna vez cumplirá esa o sus muchas otras amenazas de enjuiciar a sus adversarios.
Ocho años después de su victoria inicial, Trump regresará a la Casa Blanca en enero más enojado, más agraviado y hablando más abiertamente de venganza que la última vez.
Su momentánea señal de unidad en la noche de las elecciones llevó a algunas predicciones de que podría suavizar las amenazas.
Pero eso puede subestimar la profundidad de su deseo de represalias después de los múltiples juicios políticos, investigaciones, acusaciones y demandas que se le han presentado.
Puede que no persiga a las figuras más importantes, como el Presidente Joe Biden o la Vicepresidenta Kamala Harris, pero sus aliados esperan que vaya al menos contra algunos de los objetivos que ha señalado. E incluso si se reserva unos, nadie puede asumir que no cambiará de opinión, lo que crea una atmósfera de intimidación que puede inhibir el disenso vocal.
«¿Trump tomará represalias?», preguntó Gwenda Blair, biógrafa de la familia Trump.
«Por supuesto. La única pregunta es cuánto de ellas serán generales y cuánto serán específicas. Como mínimo habrá investigaciones del Congreso muy publicitadas y ruidosas, fiscales especiales y más de un proceso judicial. También habrá represalias más silenciosas, en forma de auditorías fiscales, no renovación o cancelación de subvenciones, programas, préstamos, despidos y/o no contrataciones».
La oficina de Trump no respondió a una solicitud de comentarios sobre si cumpliría con sus promesas de campaña, pero algunos asesores dijeron que nadie debería sorprenderse si lo hace.
Trump no cree en perdonar y olvidar, dijo una persona familiarizada con el republicano.
Los miembros del Partido Republicano afirman que los asesores del Presidente electo están enfrascados en un debate en direcciones opuestas.
Sus colaboradores y aliados más conflictivos alientan a atacar a sus adversarios, argumentando que lo que ellos llaman ataques de «guerra legal» contra Trump cruzan una línea y justifican una contraofensiva implacable.
Otros asesores, incluidos donantes ricos, consideran que eso es improductivo y perjudicial para su legado, y sostienen que debería centrarse en su agenda política de recortes de impuestos, aranceles y una ofensiva contra la inmigración.
El principal argumento de esa batalla es la elección del Fiscal General. La decisión sobre quién se colocará en la cima del Departamento de Justicia se considera un indicador de la dirección que tomará Trump con su campaña de represalias.
Si, por ejemplo, es alguien como Matthew G. Whitaker, un agresivo ex Fiscal federal que ocupó brevemente el cargo en calidad de interino durante el primer mandato del magnate, los republicanos dijeron que eso significaría que el Presidente electo está decidido a castigar a sus rivales.
Si se trata de Jay Clayton, ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores bajo el pasado Gobierno de Trump y quien ahora está en Sullivan & Cromwell, o Robert J. Giuffra Jr., copresidente de Sullivan & Cromwell y ex asesor del comité que investigó a Bill Clinton, entonces se tomaría como una señal de que quiere centrarse más en su ofensiva contra la migración y otras prioridades.
En los días transcurridos desde la elección, algunos de los aliados más combativos de Trump han disfrutado de lo que esperan sean las represalias que se avecinan.
«Este es mi estado de ánimo actual», escribió en las redes sociales Mike Davis, fundador del Proyecto Artículo III, un grupo centrado en el nombramiento de jueces conservadores.
«Quiero arrastrar sus cadáveres políticos por las calles, quemarlos y tirarlos del muro. (Legal, política y financieramente, por supuesto)».
