Washington.- El presidente electo Donald Trump ha prometido recortar la migración, tanto legal como ilegal, y aumentar las deportaciones desde el primer día.
Los migrantes se apresuran a adelantarse a la represión.
Los residentes nacidos en el extranjero han saturado las líneas telefónicas de los abogados de migración, abarrotado reuniones informativas organizadas por organizaciones sin fines de lucro y tomado todas las medidas posibles para vacunarse contra las medidas radicales que Trump ha prometido implementar después de su toma de posesión el 20 de enero.
«Están entrando (al país) personas que deberían tener miedo, y aquellos que están conformes con una green card (tarjeta verde) se apresuran a llegar (a la frontera)», dijo Inna Simakovsky, abogada de migración en Columbus, Ohio, quien agregó que su equipo se ha visto abrumado por las consultas.
«Todo el mundo tiene miedo».Las personas con tarjeta verde quieren convertirse en ciudadanos lo antes posible.
Las personas que tienen un estatus legal precario o que ingresaron al país ilegalmente se apresuran a solicitar asilo, porque incluso si la solicitud es débil, tener un caso pendiente los protegería, según los protocolos actuales, de la deportación. Las personas que tienen relaciones con ciudadanos estadounidenses están acelerando el matrimonio, lo que los hace elegibles para solicitar una tarjeta verde.
En total, hay unos 13 millones de personas que tienen residencia permanente legal y se estima que en 2022 había en el país 11.3 millones de personas sin permiso legal, última cifra disponible.
«El resultado de las elecciones me puso en un estado de pánico que me impulsó a buscar de inmediato una solución permanente», dijo Yaneth Campuzano, de 30 años, ingeniera de software de Houston.
Traída a Estados Unidos desde México cuando tenía 2 meses, era elegible para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, el programa de la era Obama que ha permitido a cientos de miles de migrantes que ingresaron al país cuando eran niños permanecer en el país con permisos de trabajo.
Pero el DACA fue un objetivo de Trump durante su primer mandato y está siendo impugnado en una demanda que podría ayudarlo a ponerle fin. Dado el estado precario del programa, Campuzano y su prometido, un neurocientífico estadounidense, han acelerado los planes para casarse. Se casarán el mes próximo, antes de que Trump asuma el cargo.
«Sólo cuando mi estatus esté seguro podré volver a respirar», dijo.
Los votantes de ambos partidos se sintieron frustrados por el caos en la frontera bajo el Mandato del Presidente Joe Biden. Trump hizo campaña con la promesa de deportaciones masivas y la semana pasada dijo que tenía la intención de declarar una emergencia nacional y utilizar al ejército estadounidense para lograr su objetivo. Su principal asesor en política migratoria, Stephen Miller, ha dicho que «enormes instalaciones de detención» servirían como «centros de preparación» para la operación. La semana pasada, el comisionado estatal de tierras de Texas ofreció al Gobierno federal más de mil acres cerca de la frontera para erigir centros de detención.
Las deportaciones no son algo poco común. Trump deportó a alrededor de 1.5 millones de personas durante su primer mandato, según un análisis del Migration Policy Institute. Biden ha expulsado a aproximadamente la misma cantidad. El Presidente Barack Obama expulsó a 3 millones en su primer mandato.
Pero desde la década de 1950 Estados Unidos no se había intentado deportar gente en masa, ni creado antes un vasto aparato de detención para facilitar las expulsiones.
Además de Miller, el Presidente electo ha nombrado a otros halcones de la migración para roles clave, entre ellos Thomas Homan, un veterano del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para ser el «zar de la frontera».
Homan ha dicho que la Administración dará prioridad a la expulsión de delincuentes y personas con órdenes de deportación pendientes, pero también ha dicho que se desplegarán redadas en los lugares de trabajo y otras herramientas para detener a los migrantes que se encuentran en el país sin permiso legal, muchos de los cuales han vivido en el país durante décadas.
Incluso en California, cuyos líderes restringieron la cooperación con las autoridades de migración durante el primer mandato de Trump y han prometido hacerlo nuevamente, los migrantes están preocupados por la posibilidad de que se acelere la aplicación de las leyes.
«Esta vez tenemos más miedo, por todo lo que dice Trump que hará cuando recupere el poder», dijo Silvia Campos, una trabajadora agrícola mexicana que carece de estatus legal permanente y que vive con su esposo y sus tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses, en el condado de Riverside.
Dondequiera que mira, en la radio, la televisión y las redes sociales en español, dice que la bombardean con información sobre sus intenciones.
«Todo el mundo habla de eso», dijo Campos, de 42 años, que cruzó la frontera con su marido hace 18 años.
«Tenemos que prepararnos para lo peor».
Por eso le pidió a su gerente el día libre de la cosecha de verduras para asistir a una sesión de «conozca sus derechos» el martes pasado en una organización sin fines de lucro.
Entre los consejos: Tienes derecho a permanecer en silencio. Solo abre la puerta a los agentes de migración que presenten una orden de registro de un juez. No firmes nada sin un abogado. Haz un plan familiar, en caso de que te detengan y te separen de tus hijos.
Después de la sesión, Campos completó una declaración jurada autorizando a sus hijos a recibir atención médica, si fuera necesario, y a ser cuidados por su hermana, ciudadana estadounidense, en su ausencia. Hizo certificar tres copias y, a su regreso a casa, sentó a sus hijos, de 11, 14 y 17 años.
«No queremos crear más miedo, pero queremos que estén preparados para cualquier cosa», dijo Luz Gallegos, directora ejecutiva del Centro Legal TODEC, que comenzó a realizar las sesiones, muchas de ellas a rebosar, luego de que su línea directa se saturara con llamadas tras las elecciones.
La organización ha enviado equipos para informar a los trabajadores de las granjas del corredor agrícola del sur de California, que depende de la mano de obra migrante, en gran parte indocumentada. El jueves por la mañana, los 30 trabajadores de una granja en Lakeview se tomaron un descanso de la recolección y empaque de verduras de hoja verde para asistir a una presentación, la cuarta que se realiza ese día.
En Dallas, Vinchenzo Marinero, de 30 años, beneficiario de DACA, ha explorado frenéticamente vías para permanecer en el país legalmente.
Si no se le otorgara el DACA, perdería su trabajo, su licencia de conducir y, tal vez, su casa de tres habitaciones. Ha formado una familia con otro beneficiario del DACA y tienen un bebé de siete meses.
«Sin DACA, no podría mantener a mi familia», dijo Marinero, quien trabaja para una emisora religiosa como ingeniero de sistemas.
Espera que la empresa lo patrocine para obtener una visa de trabajador calificado, pero eso no podría ocurrir hasta el próximo año. Mientras tanto, su abogado le aconsejó que renueve su DACA por otros dos años, aunque vence en junio de 2025.
«Cuando Trump asuma el cargo, espero que me lo renueven para tener dos años más», dijo Marinero.
«Eso me da más tiempo para planificar».
