Estados Unidos.- La Suprema Corte de Estados Unidos se negó a bloquear una ley de Texas respaldada por los republicanos que permite a las autoridades policiales del estado detener a las personas sospechosas de cruzar de manera irregular la frontera entre Estados Unidos y México, rechazando una petición del Gobierno del Presidente Joe Biden.
La Administración había pedido a los jueces que congelaran una orden judicial que permitía la entrada en vigor de la ley de Texas, mientras el Gobierno de Estados Unidos impugna el estatuto en tribunales inferiores. Washington argumenta que la ley viola la Constitución y la ley federal al interferir con el poder del Gobierno central para regular la migración.
El Gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el pasado diciembre la ley, conocida como SB4, por la que se autoriza a las fuerzas del orden estatales a detener a las personas sospechosas de entrar ilegalmente en Estados Unidos, otorgando a los funcionarios locales poderes delegados durante mucho tiempo al Gobierno estadounidense.
Abbott afirmó que la ley era necesaria debido a la incapacidad de Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o reentrada ilegal, y declaró en una rueda de prensa el 18 de diciembre que «la inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte».
La ley de Texas convertía la entrada o reentrada ilegal en Texas en un delito estatal, con penas desde 180 días de cárcel a 20 años de prisión. En virtud de ella, los jueces de primera instancia de Texas deberán ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta 20 años, para quienes se nieguen.
Lamenta Ebrard decisión
El ex Canciller mexicano Marcelo Ebrard lamentó la decisión de la entrada en vigor de la ley SB4 y advirtió que dará numerosos abusos y discriminación en contra de connacionales.
«La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de permitir la entrada en vigor de la Ley SB4 traerá la criminalización de migrantes y dará lugar a numerosos abusos y discriminación en contra de connacionales», dijo en X.
«Es el mayor retroceso en materia de derechos humanos en los Estados Unidos en lo que va del siglo».
