La ciudad de Nueva York iniciará el miércoles una nueva ofensiva para desalojar a los inmigrantes de su sistema de albergues, al tiempo que entra en una fase más agresiva en su esfuerzo por aliviar la presión que la crisis migratoria ha ejercido sobre el presupuesto y los albergues de la ciudad.
La primera oleada de desalojos afectará a los inmigrantes adultos que recibieron avisos de 30 días hace un mes, en el marco de la campaña de la ciudad para aplicar límites de tiempo más estrictos a las estancias en los albergues. Los inmigrantes adultos que deseen permanecer más tiempo pueden recibir una prórroga si la ciudad determina que cumplen una de varias excepciones.
La nueva política, que entrará en vigor de forma progresiva, se aplicará inicialmente a unos 250 inmigrantes esta semana, aunque no está claro cuántos de ellos serán expulsados y a cuántos se les concederán prórrogas. A medida que se vayan introduciendo las normas, acabarán afectando a los 15.000 inmigrantes adultos que la ciudad está pagando para alojar en una serie de hoteles, tiendas de campaña y otros edificios.
El gobierno del alcalde Eric Adams, demócrata, apuesta por que la amenaza de desalojo anime a los inmigrantes a buscar otro tipo de alojamiento y contribuya a reducir la población total de 65.000 refugiados, la mayoría de los cuales son familias con niños. Las autoridades también pretenden hacer sitio a los cientos de inmigrantes que siguen llegando cada semana desde la frontera sur.
«No sé cuándo acabará la crisis», declaró el martes Anne Williams-Isom, teniente de alcalde que dirige la respuesta de la ciudad a los inmigrantes. «Estamos intentando sacar a la gente del sistema para que podamos tener cierta estabilidad y luego establecer algo que sea más permanente».
Pero los desalojos que se avecinan han suscitado preocupación entre los inmigrantes, los proveedores de servicios jurídicos y los defensores de los sin techo, que temen que la política simplemente obligue a los inmigrantes a quedarse sin hogar. Argumentan que uno o dos meses no es tiempo suficiente para que los inmigrantes recién llegados -muchos de ellos empobrecidos y sin una red de apoyo en Estados Unidos- se aseguren unos ingresos estables y encuentren un lugar más permanente donde quedarse, especialmente en una ciudad inasequible.
Deborah Berkman, directora de proyectos del Grupo de Asistencia Jurídica de Nueva York, afirmó que «parece muy probable que veamos un aumento de los sin techo en la calle».
«Me resulta difícil entender cómo en los primeros 30 días que alguien está en el país va a ser capaz de encontrar trabajo», dijo durante una mesa redonda sobre la crisis migratoria a principios de este mes. «Quizá algunos de ellos puedan encontrar algún lugar donde quedarse, pero es muy probable que otros no».
La ciudad está obligada a alojar a los inmigrantes en virtud de un acuerdo legal de 1981 que resolvió una demanda colectiva interpuesta por hombres sin hogar. El acuerdo llevó a Nueva York a convertirse en la única ciudad con el llamado requisito del derecho al alojamiento, una disposición que obliga a la ciudad a proporcionar alojamiento a cualquiera que lo solicite, incluidos los casi 200.000 inmigrantes que han llegado de África, América Latina y otros lugares desde principios de 2022.
La ciudad ha intensificado sus esfuerzos para expulsar a los inmigrantes adultos de los albergues, alegando que necesita hacer sitio para los recién llegados | Foto: Jeenah Moon para The New York Times
La ciudad ha intensificado sus esfuerzos para expulsar a los inmigrantes adultos de los albergues, alegando que necesita hacer sitio para los recién llegados | Foto: Jeenah Moon para The New York Times
Pero a mediados de marzo, tras meses de disputas legales, la ciudad consiguió alterar la norma del derecho al refugio, argumentando que el acuerdo legal original nunca previó una situación como la crisis migratoria. Esas modificaciones, aprobadas por un juez, permitieron a la ciudad imponer los nuevos plazos que entran en vigor esta semana.
Con las normas anteriores, los inmigrantes adultos podían permanecer en los albergues durante 30 días, tras los cuales podían volver a solicitar una cama para otros 30 días, sin hacer preguntas. Esto ha permitido a muchos inmigrantes languidecer en el sistema de albergues durante meses, a veces más de un año, volviendo a solicitar una cama indefinidamente.
Con las nuevas normas, los inmigrantes adultos solteros y las familias adultas sin hijos sólo pueden permanecer 30 días. Los inmigrantes adultos más jóvenes, de 18 a 23 años, dispondrán de 60 días antes de tener que marcharse. Pero todos los inmigrantes adultos pueden recibir una prórroga si demuestran a los funcionarios municipales que tienen «circunstancias atenuantes»:
- Han firmado el contrato de alquiler de un piso, con planes de mudarse en un plazo de 30 días;
- Tienen previsto abandonar la ciudad en un plazo de 30 días;
- Tienen programada una audiencia de inmigración en un plazo de 30 días
- Tienen una intervención médica grave en un plazo de 30 días, o se están recuperando de una intervención quirúrgica grave;
- O tienen entre 18 y 20 años y están matriculados en el instituto.
También pueden recibir una prórroga si pueden demostrar documentalmente a los funcionarios municipales que están haciendo «esfuerzos significativos» para abandonar el sistema de acogida, pero necesitan más tiempo para hacerlo. Esos «esfuerzos significativos», que la ciudad considerará caso por caso, pueden incluir:
- Reunirse con proveedores de servicios jurídicos o trabajadores sociales de la ciudad y solicitar asilo;
- Buscar o conseguir trabajo, obtener un carné de identidad, solicitar prestaciones públicas;
- Tomar clases de inglés o matricularse en la universidad o en cursos de formación profesional.
El viernes, las autoridades municipales informaron de que, de los 250 inmigrantes adultos que se enfrentan a desahucios esta semana, 29 solicitaron una prórroga. Catorce recibieron prórrogas, mientras que 15 fueron denegadas y se espera que abandonen el sistema de albergues.
Las nuevas normas no se aplican a las miles de familias inmigrantes con niños, que pueden permanecer en los albergues hasta 60 días y volver a solicitar y recibir otra asignación de albergue cuando se les acabe el tiempo sin restricciones.
Los rumores sobre las nuevas normas habían llegado a algunos de los inmigrantes que se reunieron frente a la escuela de East Village que la ciudad utiliza como centro de tramitación para los inmigrantes adultos que solicitan y vuelven a solicitar refugio. Algunos dijeron que acababan de enterarse de los cambios y que estaban tratando de separar los hechos de los rumores. Otros dijeron que los funcionarios municipales estaban empezando a instarles a conservar la documentación.
Sin embargo, a la mayoría le preocupaba cómo iban a demostrar a la ciudad que estaban buscando trabajo cuando no estaban legalmente autorizados a trabajar debido a su situación migratoria.
«Si el Estado nos diera permisos de trabajo, los albergues no existirían», dijo en francés Mohamed Lamine Cissé, guineano de 38 años. «Si nos dan permisos de trabajo, nos ocuparemos de nosotros mismos; eso es lo único que puede resolver este problema».
Cerca de allí, Ángel Urbina, de 39 años, un inmigrante de Venezuela que ha vuelto a solicitar refugio tres veces desde que llegó en diciembre, acababa de ser informado por funcionarios municipales de que tenía una semana para demostrar que cumplía las excepciones para prorrogar su estancia, o se arriesgaba a ser expulsado el 28 de mayo. El Sr. Urbina, que tiene una larga cicatriz a lo largo de la espinilla derecha tras lesionarse la pierna en un accidente de construcción hace años en Venezuela, dijo que tenía esperanzas de conseguir una prórroga debido a su lesión, que necesita cirugía.
«Si en los próximos ocho días no traigo una nota del médico, no podré quedarme en el refugio», dijo en español el Sr. Urbina, que ha estado trabajando en la construcción dos veces por semana y ha solicitado asilo. «Tengo que traer mi justificante».
