Las charlas por celular se han convertido en sentencias de muerte en la continua y sangrienta guerra entre facciones al interior del cártel de Sinaloa.
Hombres armados del cártel detienen a jóvenes en la calle o en sus autos y les exigen sus teléfonos. Si encuentran un contacto de algún miembro de una facción rival, un chat con una palabra incorrecta o una foto con la persona equivocada, el propietario muere.
Luego, van tras todos los que estén en la lista de contactos de esa persona, lo que forma una cadena potencial de secuestro, tortura y muerte. Eso ha causado que los residentes de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, tengan miedo incluso de salir de casa por la noche, mucho menos de visitar lugares a unos pocos kilómetros de distancia, donde un buen número de ellos se van de fin de semana.
“Tú no puedes salir… a cinco minutos de la ciudad. No puedes ir ni en el día”, dijo Ismael Bojórquez, un periodista veterano en Culiacán. “¿Por qué? Porque hay retenes de los narcos que te paran y te revisan el celular”.
Y no se trata sólo de sus propios chats: si una persona viaja en un automóvil con otras, un mal contacto o chat de alguien más puede hacer que secuestren a todo el grupo.
Eso le pasó al hijo de un fotógrafo de noticias local. El joven de 20 años fue detenido junto con otros dos jóvenes y encontraron algo en uno de los teléfonos; los tres desaparecieron. Se hicieron llamadas y finalmente liberaron al hijo del fotógrafo, pero a los otros dos nunca se les volvió a ver.
Los residentes de Culiacán estaban acostumbrados desde hace tiempo a uno o dos días de violencia de vez en cuando. Allí, la presencia del cártel de Sinaloa está entretejida en la vida cotidiana y la gente sabía que debía quedarse en casa si veía por las calles convoyes de camionetas de doble cabina a toda velocidad.
Pero nunca habían visto el mes completo de enfrentamientos que estalló el 9 de septiembre entre facciones del cártel de Sinaloa, luego de que los capos de la droga Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López fueran detenidos en Estados Unidos tras volar allí en una avioneta el 25 de julio.
Zambada afirmó más tarde que Guzmán López lo secuestró y lo obligó a subir a la aeronave, lo que provocó una violenta batalla entre la facción de Zambada y el grupo de “Los Chapitos”, liderado por los hijos del líder narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien está preso en Estados Unidos.
Los residentes de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, están de luto por su vida previa, cuando las ruedas de la economía local estaban engrasadas por la riqueza del cártel, pero los civiles rara vez sufrían, a menos que le cortaran el paso a la camioneta equivocada en el tráfico.
Pero las facciones del cártel han recurrido a nuevas tácticas, incluyendo una enorme ola de robos de vehículos a mano armada en Culiacán y sus alrededores. Los pistoleros del cártel solían robar las camionetas tipo SUV y pickup que prefieren para utilizar en los convoyes del cártel; pero ahora se centran en robar sedanes más pequeños.
Los utilizan para pasar desapercibidos en sus secuestros silenciosos y mortales.
Con frecuencia, el primer indicio para un conductor es cuando desde un auto que lo rebasa lanzan una lluvia de clavos doblados para pinchar sus neumáticos. Otros vehículos se acercan por delante y por detrás para cortarle el paso. El conductor es metido a empujones a otro vehículo. Lo único que los vecinos encuentran en medio de la calle es un auto con los neumáticos reventados, las puertas abiertas y el motor en marcha.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública, un organismo ciudadano, estima que en el último mes ha habido un promedio de seis asesinatos y siete desapariciones o secuestros en la ciudad y sus alrededores por día. El grupo dijo que unas 200 familias han huido de sus hogares en comunidades periféricas debido a la brutalidad. Culiacán no es ajeno a la violencia. Un tiroteo estalló en toda la ciudad en octubre de 2019, cuando los soldados montaron un intento fallido de arrestar a Ovidio, otro de los hijos de “El Chapo” Guzmán. Catorce personas murieron ese día.
Unos días después, la activista cívica Estefanía López organizó una marcha por la paz y 4.000 residentes acudieron para participar. Cuando la activista intentó hacer algo similar este año, sólo logró que unas 1 mil 500 personas asistieran a una manifestación similar.
“Recibimos muchos mensajes con anticipación de mucha gente que nos decía que tenía la intención de ir a marchar y sumarse a la iniciativa, pero que tenían miedo de ir”, dijo López.
Hay motivos para tener miedo: la semana pasada, hombres armados irrumpieron en un hospital de Culiacán para matar a un paciente que había sido herido previamente por disparos. En una ciudad al norte de Culiacán, los conductores se quedaron atónitos al ver un helicóptero militar que intentaba acorralar a cuatro hombres armados y con cascos y chalecos tácticos a pocos metros de una autopista; los hombres también disparaban contra el helicóptero.
La respuesta del gobierno a todo esto ha sido culpar a Estados Unidos de provocar problemas al permitir que los capos de la droga se entregaran, y enviar cientos de tropas del ejército.
Pero los combates urbanos irregulares en el corazón de una ciudad de 1 millón de habitantes —contra un cártel que tiene muchos rifles de francotirador calibre .50 y ametralladoras— no son la especialidad del ejército.
Escuadrones de soldados entraron en un complejo de apartamentos de lujo en el centro de la ciudad para detener a un sospechoso y mataron a tiros a un joven abogado que era un simple espectador.
López, la activista por la paz, ha pedido que se asignen soldados y policías fuera de las escuelas para que los niños puedan regresar a clases, la mayoría actualmente toman sus lecciones en línea porque sus padres juzgan que es demasiado peligroso llevarlos a la escuela.
Pero la policía no puede resolver el problema: toda la fuerza municipal de Culiacán ha sido desarmada temporalmente por los soldados para revisar sus armas, algo que se ha hecho en el pasado cuando el ejército sospecha que los policías trabajan para los cárteles de la droga.
El comandante local del ejército reconoció recientemente que el fin de la violencia depende de las facciones del cártel, no de las autoridades.
“Ya que ni siquiera en Culiacán existe la confianza ni a las policías ni a los militares para decir que estamos seguros”, dijo López, quien señaló que eso ha tenido un efecto claro en la vida diaria y la economía. “Muchos negocios, restaurantes y clubes nocturnos han estado cerrados durante el último mes”.
Laura Guzmán, líder de la cámara local de restaurantes, dijo que alrededor de 180 negocios en Culiacán han cerrado de manera permanente o temporal desde el 9 de septiembre y que se han perdido casi 2 mil puestos de trabajo.
Los negocios locales intentaron organizar “tardeadas” —eventos durante toda la tarde— para los residentes con miedo a salir después del anochecer, pero no lograron atraer a suficientes clientes.
“Los jóvenes no están interesados en salir. Por ahorita”, dijo Guzmán.
Para quienes buscan alejarse de la violencia temporalmente, la ciudad costera de Mazatlán está a sólo dos horas y media de distancia en distancia en auto. Pero esa ya no es una opción desde el mes pasado, cuando pistoleros del cártel secuestraron autobuses de pasajeros, obligaron a los turistas a bajar y quemaron los vehículos para bloquear el camino a Mazatlán.
Eso deja sólo una opción, y una únicamente disponible para algunos. “Quienes tienen oportunidad económica salen de la ciudad vía aérea a tomar un espacio”, dijo Guzmán.
