México.- Años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido mandatario de México en 2018, agentes antidrogas estadounidenses descubrieron lo que consideraban pruebas sustanciales de que importantes traficantes de cocaína habían canalizado unos 2 millones de dólares a su primera campaña presidencial.
Según más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos y documentos gubernamentales revisados por ProPublica, el dinero fue entregado a ayudantes de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes. (Con información de propublica.org)
La investigación no estableció si López Obrador sancionó o incluso sabía de las supuestas donaciones de los traficantes. Pero los funcionarios dijeron que la investigación -que se basó en la amplia cooperación de un ex operativo de campaña y un informante clave de drogas- sí produjo evidencia de que uno de los ayudantes más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto.
La acusación de que representantes del futuro presidente de México negociaron con delincuentes notorios ha seguido resonando entre los funcionarios estadounidenses encargados de la aplicación de la ley y de la política exterior, que desde hace tiempo se muestran escépticos ante el compromiso de López Obrador de enfrentarse a los narcotraficantes.
El caso planteó cuestiones difíciles sobre hasta dónde debe llegar Estados Unidos para hacer frente a la corrupción oficial que ha sido esencial para la aparición de los narcotraficantes mexicanos como fuerza criminal mundial. Mientras que algunos funcionarios sostienen que no es tarea de Estados Unidos erradicar la corrupción endémica en México, otros afirman que los esfuerzos para luchar contra el crimen organizado y construir el Estado de derecho serán inútiles a menos que los funcionarios que protegen a los traficantes rindan cuentas.
«La corrupción está tan integrada en el tejido del narcotráfico en México que no hay forma de perseguir a los narcotraficantes sin perseguir a los políticos y a los funcionarios militares y policiales que los apoyan», declaró en una entrevista Raymond Donovan, recientemente jubilado como jefe de operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
En su investigación, los agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraron una extraordinaria fuente interna después de que detuvieran al antiguo operativo de campaña acusado de narcotráfico en 2010. Para evitar la prisión federal, el operativo hizo un recuento detallado de las donaciones en efectivo de los traficantes, que dijo haber ayudado a entregar. También grabó subrepticiamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el estrecho colaborador de López Obrador que, según el agente, había participado en el plan.
Junto con las declaraciones juradas de otros testigos, las conversaciones grabadas indicaban que Mollinedo estaba al tanto y participaba en las donaciones de una de las mayores mafias de la droga del país, según funcionarios actuales y anteriores familiarizados con el caso.
Pero algunos funcionarios consideraron que las pruebas no eran lo suficientemente sólidas como para justificar los riesgos de una extensa operación encubierta dentro de México. A finales de 2011, agentes de la DEA propusieron una operación en la que ofrecerían 5 millones de dólares en supuesto dinero del narcotráfico a operativos que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador. En lugar de ello, funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación, en parte por la preocupación de que incluso un enjuiciamiento exitoso sería visto por los mexicanos como una intromisión atroz de Estados Unidos en su política.
«Nadie estaba tratando de influir en las elecciones», dijo un funcionario familiarizado con la investigación. «Pero siempre existió el temor de que López Obrador pudiera retroceder en la lucha contra las drogas: que si este tipo se convierte en presidente, podría cerrarnos».
Desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, López Obrador ha protagonizado un llamativo retroceso en la lucha contra el narcotráfico. Su enfoque, que resumió en el lema de campaña «Abrazos, no balas», se ha concentrado en programas sociales para atacar las fuentes de la criminalidad, en lugar de la confrontación con los delincuentes.
Sin embargo, dado que las fuerzas policiales y militares suelen evitar enfrentarse a las mayores bandas de narcotraficantes, estas mafias han extendido su influencia por todo México. Según algunas estimaciones, las bandas criminales dominan más de una cuarta parte del territorio nacional, operan abiertamente, imponen su voluntad a los gobiernos locales y a menudo obligan a las autoridades estatales y federales a mantener las distancias. La violencia ha rondado niveles históricos, mientras que las extorsiones y otras actividades delictivas de las bandas se han extendido a todos los estratos de la economía.
El principal portavoz del presidente mexicano, Jesús Ramírez Cuevas, no respondió a las numerosas peticiones de comentarios.
Los efectos del narcotráfico sobre los estadounidenses nunca han sido tan devastadores. El fentanilo -la mayor parte del cual se produce en México o se introduce de contrabando a través de este país- está alimentando el problema de drogas ilegales más letal de la historia de Estados Unidos. Se calcula que las 109.000 muertes por sobredosis registradas en 2022, la mayoría relacionadas con el fentanilo, superaron a las muertes por violencia armada y accidentes de tráfico juntas.
La administración del presidente Joe Biden se ha mantenido firme en su negativa a criticar las políticas de seguridad de López Obrador, evitando la confrontación incluso cuando el presidente mexicano ha atacado públicamente a las fuerzas del orden estadounidenses tachándolas de mendaces y corruptas. La explosión de fentanilo, aunque es una preocupación política creciente en Washington, sigue siendo menos crítica para las perspectivas de reelección de Biden que el bloqueo de inmigrantes en la frontera sur, un reto en el que la cooperación de López Obrador es esencial.
Tras afirmar en repetidas ocasiones que México no tenía nada que ver con el fentanilo, López Obrador ha dado recientemente algunos pasos modestos para renovar la cooperación antidroga. Sin embargo, su gobierno sigue ignorando las peticiones de Estados Unidos para capturar y extraditar a los principales traficantes, mientras que los funcionarios de Washington describen la relación en términos halagüeños. Al final de una reunión con López Obrador en noviembre, Biden se dirigió a él y le dijo: «No podría tener mejor socio que usted».
Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar los detalles de la investigación de la DEA sobre las campañas políticas de López Obrador, citando una política de larga data. Pero agregó que el departamento «respeta plenamente la soberanía de México, y estamos comprometidos a trabajar hombro con hombro con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de la droga responsables de tanta muerte y destrucción en nuestros dos países.»
Durante décadas, las fuerzas de seguridad estadounidenses han evitado investigar a funcionarios mexicanos sospechosos de proteger a las mafias de la droga, alegando que la persecución de tales casos es delicada en un país especialmente sensible a la injerencia estadounidense. Las agencias estadounidenses se han mostrado aún más reacias a indagar en la implicación de las bandas en la política electoral, a pesar de que se han convertido en una de las principales fuentes de financiación de las campañas mexicanas y han asesinado a decenas de candidatos municipales, estatales y nacionales.
En el caso de López Obrador, la DEA tardó en actuar ante la información sobre la posible connivencia de su campaña de 2006 con los traficantes, según declararon varios funcionarios. Cuando la agencia finalmente comenzó a investigar en 2010, fue en gran parte por iniciativa de un pequeño grupo de agentes con sede en México que trabajaban con fiscales federales en Nueva York.
La fuente inicial de los estadounidenses fue Roberto López Nájera, un tenso abogado de 28 años que se presentó en la Embajada de Estados Unidos en 2008 y pidió hablar con alguien de la DEA. Los dos agentes que bajaron de sus oficinas del cuarto piso escucharon una historia convincente: López Nájera les contó que durante los últimos años había sido una especie de abogado interno de uno de los traficantes más conocidos de México, Edgar Valdéz Villarreal.
Este gángster nacido en Texas había sido apodado «Ken» y después «Barbie» cuando era un defensa del instituto de mandíbula cuadrada y pelo rubio sucio. A mediados de la década de 2000, se había convertido en uno de los ejecutores más brutales del hampa mexicano. También era un importante traficante, que trabajaba con una mafia mayor dirigida por los hermanos Beltrán Leyva, que a su vez formaban parte de la alianza conocida como el cártel de Sinaloa. En el lado mexicano de la frontera, se le conocía como «La Barbie».
Testigos dijeron a la Administración para el Control de Drogas que el traficante conocido como «La Barbie», en la imagen tras su detención por las autoridades mexicanas en agosto de 2010, contribuyó con unos 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Según López Nájera, La Barbie insistió en que empezara desde abajo, lavando los coches de los traficantes y realizando otras tareas serviles antes de que le encomendaran otras más importantes. Con el tiempo consiguió algunos contactos políticos, pagando sobornos a mandos policiales y políticos, y supervisó los envíos de cocaína a través del aeropuerto de Cancún. Sin embargo, tras varios años, López Nájera empezó a tener diferencias con su jefe, que lo consideraba un vago, según las autoridades. En 2007, al regresar de unas largas vacaciones en Cuba, descubrió que su hermano había desaparecido, víctima al parecer de la ira de La Barbie. Pasando a la clandestinidad, López Nájera empezó a tramar su venganza.
López Nájera estableció rápidamente su buena fe con los estadounidenses, diciéndoles que la banda de los Beltrán Leyva había colocado un topo dentro de la embajada. El hombre resultó ser un empleado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos que tenía amplio acceso a información de inteligencia sobre los delincuentes mexicanos buscados por Estados Unidos. Atraído a la zona de Washington, D.C., con el pretexto de un viaje de formación, fue detenido y acusado de delitos federales de drogas antes de aceptar cooperar, según las autoridades.
La DEA trasladó a López Nájera a Estados Unidos y lo interrogó exhaustivamente. De acuerdo con la nueva alianza policial conocida como Acuerdo de Mérida, los funcionarios estadounidenses invitaron a sus homólogos mexicanos a entrevistar a su preciada fuente.
Los expedientes judiciales mexicanos resultantes identificaban a López Nájera sólo con el nombre en clave de «Jennifer». Sus revelaciones se convertirían en el principal motor de la «Operación Limpieza», un esfuerzo del gobierno del presidente Felipe Calderón para purgar de titulares a los funcionarios corruptos de los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley y del ejército.
La DEA tardó algo más en sacar el máximo partido de su informador. No fue hasta la primavera de 2010, más de dos años después de que López Nájera empezara a cooperar con la agencia, cuando ésta empezó a centrarse en una de sus revelaciones más llamativas. En una entrevista en San Diego que los agentes de la DEA prepararon para un alto fiscal mexicano, López Nájera describió cómo La Barbie le había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel de Nuevo Vallarta, en la costa del Pacífico.
El hombre que había organizado la reunión era Francisco León García, de 38 años, hijo de un empresario minero del norteño estado de Durango. Conocido como «Pancho» León, estaba lanzando su candidatura al Senado mexicano como representante de la alianza de izquierdas de López Obrador. Era amigo de uno de los lugartenientes de La Barbie, Sergio Villarreal Barragán, un ex policía estatal conocido como «El Grande», y los dos hombres pensaron que podrían ayudarse mutuamente, según informaron a los agentes.
Otro empresario se unió a León en la reunión. Los dos dijeron que estaban allí con el conocimiento y el apoyo de López Obrador, relató López Nájera. A cambio de una inyección de dinero en efectivo, dijo León, la campaña prometió que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes.
Según los relatos de la negociación que los investigadores estadounidenses acabaron recabando de varios informantes, se dijo a los traficantes que podrían ayudar a elegir a los mandos policiales en algunas ciudades clave de la frontera. Y lo que es más importante, según los funcionarios estadounidenses, a los traficantes también se les dijo que López Obrador no nombraría a un fiscal general que ellos consideraran hostil a sus intereses, lo que aparentemente les otorgaba un derecho de veto sobre el nombramiento.
La Barbie aceptó el trato y encargó a López Nájera que se reuniera con funcionarios de la campaña en Ciudad de México y organizara los pagos. (López Nájera no respondió a los numerosos intentos de ponerse en contacto con él.) Poco después, según las autoridades, le presentaron a Mauricio Soto Caballero, un empresario y operador político que dirigía un equipo de avanzada a las órdenes del jefe de logística de la campaña, Nicolás Mollinedo.
López Obrador, izquierda, y Nicolás Mollinedo Bastar en 2006 Credit:Marco Ugarte/AP
Según se informó a la DEA, en tres entregas realizadas en los meses siguientes, la organización de La Barbie entregó a Soto y a otros participantes en la campaña unos 2 millones de dólares en efectivo. Según López Nájera, a medida que el traficante se involucraba más, también proporcionaba apoyo de otras maneras: En las últimas semanas de la campaña, López Obrador viajó dos veces al estado de Durango para asistir a grandes y bulliciosos mítines organizados por Pancho León, a los que la banda hizo grandes donaciones. Uno de ellos fue tan fastuoso -con una banda de música de renombre y miles de partidarios trasladados en autobús desde pueblos y aldeas de la periferia- que los políticos rivales exigieron una investigación sobre la financiación de la campaña de León.
La carrera presidencial de 2006 fue un empate. Cuando el tribunal electoral mexicano declaró vencedor a Calderón por medio punto porcentual, La Barbie montó en cólera, según López Nájera. El capo ideó un plan improvisado para secuestrar al presidente del tribunal y obligarle a revocar la decisión. Se envió un convoy de pistoleros para irrumpir en el tribunal, y sólo dieron marcha atrás cuando descubrieron que había tropas del ejército vigilando la zona.
Tras insistir en que era el legítimo vencedor, López Obrador reunió a miles de sus partidarios en Ciudad de México para una sentada de un mes de duración que cubrió una franja del centro colonial de la capital. Según López Nájera, La Barbie donó fondos para ayudar a alimentar a los manifestantes.
Los agentes de la DEA que escucharon el relato de López Nájera comprendieron que no sería fácil construir un caso penal, dijeron varios funcionarios. Aunque pudieran verificar las acusaciones, los casos de corrupción a alto nivel son casi siempre difíciles de probar. Los funcionarios mexicanos utilizaban intermediarios para aislarse de los traficantes que les pagaban. Los políticos y los delincuentes suelen protegerse mutuamente; los testigos que corroboran los hechos suelen ser reacios a declarar.
Además, la mayoría de los delitos relacionados con las drogas prescriben a los cinco años. Cuando la investigación empezó en serio, algunos de los hechos clave descritos por López Nájera habían ocurrido cuatro años antes.
El fiscal mexicano que asistió a la entrevista de López Nájera transmitió las acusaciones a funcionarios de mayor rango en Ciudad de México. Pero el Gobierno de Calderón pensó que un caso así tendría demasiada carga política en vísperas de las elecciones de 2012, según declararon antiguos funcionarios.
Los agentes de la DEA tuvieron más suerte con el Distrito Sur de Nueva York, la poderosa fiscalía federal con sede en Manhattan. La jefa de la unidad de narcóticos internacionales de la oficina, Jocelyn Strauber, les dijo que creía que el caso merecía mucho la pena, dijeron funcionarios actuales y anteriores. Strauber, que ahora dirige el Departamento de Investigaciones de la ciudad de Nueva York, declinó hacer comentarios.
Aunque el Distrito Sur rara vez había llevado casos de narcocorrupción en México, la determinación de Calderón de colaborar más estrechamente con Estados Unidos dio ciertas esperanzas a los investigadores. Los agentes estadounidenses tenían más libertad que nunca para operar en México; las operaciones conjuntas contra los traficantes se habían convertido en algo habitual. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia estadounidenses habían ayudado a las autoridades mexicanas a detener o matar a figuras destacadas de algunas grandes mafias de la droga, incluida la organización de los Beltrán Leyva. En mayo de 2010, México extraditó finalmente a Mario Villanueva, ex gobernador del estado de Quintana Roo, que finalmente se declaró culpable en Nueva York de canalizar más de 19 millones de dólares en sobornos de traficantes a través de cuentas estadounidenses.
Los investigadores también reconocieron que López Nájera presentaba una oportunidad inusual. Aunque llevaba más de dos años fuera de México, pensaron que podría ponerles en contacto con Soto, el antiguo operador de la campaña de López Obrador al que había entregado donativos en 2006.
Soto era un consultor empresarial gregario y bullicioso con ambiciones políticas propias. Había trabajado dentro y fuera del gobierno, encontrando ángulos y solucionando problemas con la burocracia. López Nájera dijo que se habían hecho amigos y que Soto le había ayudado con tareas no relacionadas con la campaña, actuando como testaferro en la compra de un apartamento en el barrio de Polanco de Ciudad de México y ayudándole a alquilar una oficina y un segundo apartamento que La Barbie utilizaba a veces en sus visitas a la capital.
Según López Nájera, Soto también le había presentado a miembros del equipo de seguridad de la campaña de 2006, conexiones que más tarde resultaron útiles cuando algunos de los hombres pasaron a ocupar puestos de seguridad en el Gobierno. En un momento dado, recordó López Nájera, Soto le dijo que podría estar interesado en ganar dinero con el narcotráfico si surgía la oportunidad adecuada.
Mientras López Obrador preparaba su segunda candidatura a la presidencia, Soto se mantuvo cerca de Mollinedo, que seguía siendo uno de los ayudantes de mayor confianza del candidato, según las autoridades.
«Nico», como se conocía a Mollinedo, era una especie de celebridad mexicana. Dondequiera que López Obrador había ido durante sus cinco años como alcalde de Ciudad de México, Mollinedo había estado a su lado, al volante del Nissan sedán blanco que López Obrador convirtió en símbolo de su desprecio por los excesos tradicionales de la política mexicana. El padre de Mollinedo había sido amigo íntimo y partidario de López Obrador desde sus días de joven activista en Tabasco, su estado natal.
Mollinedo también había sido objeto de uno de los primeros grandes escándalos políticos de López Obrador, que estalló en 2004 con las informaciones de que el chófer del alcalde cobraba el sueldo de un vicesecretario del gabinete municipal. López Obrador se desentendió del «Nicogate», como lo llamaron los periódicos, pero dejó claro que Mollinedo era mucho más que un chófer. Era el ayudante personal y coordinador de logística del alcalde y trabajaba con su equipo de seguridad. En ocasiones, Mollinedo también actuaba como portero, filtrando a las personas y propuestas que reclamaban la atención del alcalde.
A principios de 2010, varios funcionarios mexicanos habían sido detenidos por el testimonio de López Nájera, entre ellos un ex fiscal antidroga y varios altos mandos policiales y militares. Sin embargo, su identidad seguía siendo un secreto bien guardado, y estaba seguro de que Soto creía que seguía trabajando para los narcos. Se habían reunido por última vez en San Diego a finales de 2009, y los agentes de la DEA grabaron su conversación sobre si Soto podría querer participar en uno de los negocios de drogas que López Nájera dijo que estaba organizando.
Tenía sentido que López Nájera se independizara. La Barbie se había mantenido junto a los hermanos Beltrán Leyva en lo que había sido una guerra de dos años con otras facciones del cártel de Sinaloa. Pero ahora, a medida que los sinaloenses ganaban terreno, La Barbie y los Beltrán Leyva se enfrentaban entre sí. La violencia ocupaba los titulares casi a diario.
Con los agentes guionizando sus mensajes, López Nájera comenzó a enviar mensajes de texto a Soto, dijeron funcionarios familiarizados con el caso. En julio de 2010, se reunieron en un hotel de Hollywood (Florida). Acompañado por un agente encubierto de la DEA, que se hizo pasar por un proveedor de cocaína colombiano, López Nájera expuso su propuesta: Tenían algunos negocios en marcha. Podrían necesitar inversores. La recompensa sería grande.
Soto dijo que estaba interesado.
Semanas después de la reunión en Florida, Soto voló a la frontera entre México y Estados Unidos para discutir un posible trato con el supuesto traficante colombiano y otro agente encubierto en McAllen, Texas. Cuando regresó a McAllen en octubre, los dos agentes encubiertos le dijeron que tenían 10 kilos de cocaína listos para él. Pero Soto se negó, según personas familiarizadas con el caso, insistiendo en que no estaba preparado para vender la droga en Estados Unidos.
Los agentes encubiertos, que necesitaban alguna forma de atraer a Soto a su plan, le presionaron para que custodiara la cocaína durante varios días hasta que pudieran enviarla a otro comprador. Como recompensa, le darían un kilo, valorado en unos 20.000 dólares. Uno de los agentes dijo que la droga estaba en un coche aparcado cerca y entregó a Soto las llaves del vehículo. (La conversación se grabó íntegramente.
Poco después de las 2 de la mañana siguiente, Soto regresó a su habitación en un Courtyard Marriott. Los agentes de la DEA le estaban esperando.
En el lado equivocado de la frontera, sin abogado ni conexiones políticas, Soto no tardó en acceder a cooperar. «No era el tipo de persona que estaba dispuesta a ir a la cárcel», dijo un funcionario familiarizado con el caso. Ese mismo día, después de que Soto renunciara a su derecho a ser procesado en Texas, fue trasladado a Nueva York en un avión comercial, intercalado entre un par de agentes en la última fila.
Soto se convertiría a partir de entonces en una fuente confidencial de la DEA, conocida en el expediente del caso como CS-1. A petición de la DEA, ProPublica accedió a no identificarle ni a él ni a otras fuentes del caso. Sin embargo, Soto fue nombrado en un artículo en español sobre el caso publicado por DW News, la cadena de televisión estatal alemana.
Tras acusar inicialmente recibo de los mensajes de un reportero de ProPublica, Soto no respondió a preguntas detalladas sobre su papel en la investigación estadounidense.
A lo largo de varias entrevistas con fiscales del Distrito Sur, Soto confirmó que había recibido dos entregas de dinero en efectivo de López Nájera para la campaña de 2006 y que una tercera entrega había sido realizada por otro enviado de La Barbie. Soto dijo que las tres aportaciones ascendían a algo menos de los 2 millones de dólares que López Nájera había reclamado, una discrepancia que los agentes atribuyeron a la habitual sustracción de fondos. Soto dijo que entregó el dinero a Mollinedo, según personas familiarizadas con el caso.
En Nueva York, Soto consultó con un abogado de oficio antes de aceptar las condiciones del gobierno: Si continuaba trabajando en secreto y diciendo la verdad a los investigadores, se le permitiría regresar a México. Su condena penal quedaría sellada y, finalmente, se le condenaría por el tiempo que había «cumplido» bajo custodia federal: los varios días que pasó en McAllen y Nueva York. Soto compareció ante un juez federal y se declaró culpable de un único cargo de conspiración para distribuir cocaína.
Los funcionarios estadounidenses comprendieron que el acuerdo planteaba graves riesgos. Si Soto informaba a sus colegas en México de que le estaban pidiendo que les tendiera una trampa -o incluso si simplemente dejaba de responder a las llamadas telefónicas-, la única baza de los estadounidenses sería exponer su declaración de culpabilidad y tal vez emitir una orden internacional de detención contra él. Pero Soto podría sacar a la luz su investigación.
El plan de los agentes era confirmar las pruebas que habían reunido sobre las donaciones de los traficantes en 2006 y luego volver a representar una versión de ese esquema con la incipiente campaña de López Obrador en 2012, esta vez con dispositivos de grabación. Llamaron a la investigación «Operación Polanco».
López Obrador en campaña por la presidencia en 2012
Para desplegar a Soto en el extranjero como fuente encubierta o «de nombre protegido», en el léxico de la agencia, la DEA tuvo que presentar su plan de investigación a un grupo de funcionarios de Justicia y de la DEA conocido como Comité de Revisión de Actividades Sensibles (Sensitive Activity Review Committee, SARC). Un SARC (pronunciado «sark») es un proceso de selección similar a un escuadrón antibombas legal. Los paneles examinan las operaciones encubiertas que implican la entrega de drogas o dinero a los traficantes o la persecución de funcionarios extranjeros corruptos; los abogados tratan de desactivar los planes que podrían estallar en el departamento.
Aunque apuntar a la campaña de López Obrador era una propuesta especialmente de alto riesgo, el SARC aprobó provisionalmente el plan a finales de 2010, dijeron los funcionarios. Los agentes y fiscales tendrían que volver al comité al menos cada seis meses para una nueva revisión, y el escrutinio se intensificaría a medida que avanzaran.
Los agentes querían ir a lo grande. Propusieron ofrecer a la campaña 5 millones de dólares en efectivo a cambio de promesas de que un gobierno de López Obrador dejaría en paz a los traficantes. Si Mollinedo u otros miembros de la campaña aceptaban, los agentes ofrecerían un anticipo, quizá 100.000 dólares. Luego entregaban el dinero para obtener pruebas contundentes de la complicidad de la campaña.
Algunos funcionarios estadounidenses pensaron que era un momento propicio para un caso así. En agosto de 2010, infantes de marina mexicanos habían capturado a La Barbie. Dos semanas después, capturaron a El Grande, su lugarteniente, que había asistido a la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta. Ambos hombres habían sido acusados de cargos federales en Estados Unidos y, en caso de extradición, podrían ser tentados a cooperar a cambio de una reducción de sus penas. En una breve conversación tras su captura, El Grande dijo a un agente de la DEA que estaba dispuesto a compartir información sobre funcionarios mexicanos corruptos, pero sólo después de ser trasladado a Estados Unidos, según muestran los documentos revisados por ProPublica.
Pero incluso mientras se iban encajando nuevas piezas de la investigación, la administración Obama estaba cada vez más preocupada por las consecuencias de otra operación encubierta, lo que se conoció como «Rápido y Furioso». Sin informar a las autoridades mexicanas, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia permitieron el envío ilegal a México de cientos de armas de gran potencia para poder rastrearlas hasta las manos de bandas de narcotraficantes. Sin embargo, el seguimiento fracasó y las armas se relacionaron posteriormente con tiroteos en los que murieron o resultaron heridos más de 150 mexicanos, así como con el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense. El gobierno de Calderón se indignó, y las tensiones parecieron amenazar de nuevo la cooperación bilateral.
«Las cosas simplemente se sometieron a un nivel diferente de escrutinio después de Rápido y Furioso», dijo un ex funcionario del Departamento de Justicia. «En ese momento, todo el mundo estaba en modo de autoconservación».
Aún así, los funcionarios estadounidenses tenían motivos para esperar que los líderes mexicanos aprobaran -y mantuvieran en secreto- su investigación. Su objetivo final, López Obrador, era el odiado rival político de Calderón. El jefe de la DEA en Ciudad de México informaría al jefe de inteligencia del presidente, considerado especialmente digno de confianza, y le pediría que sólo hablara del caso con Calderón.
La siguiente fase de la investigación empezó bien. Los agentes de la DEA se enteraron de que el hombre de negocios que había acompañado a Pancho León a la reunión de Nuevo Vallarta en 2006 viajaba a Las Vegas. Al ser interrogado por los agentes en el Bellagio Hotel & Casino, el empresario confirmó gran parte de lo que Soto y López Nájera habían dicho. Incluso mencionó un detalle sorprendente que López Nájera había señalado: En la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta, León le había hecho un regalo a La Barbie. Como había oído que el traficante coleccionaba relojes, le llevó un Patek Philippe de 20.000 dólares como muestra de su respeto.
En un principio, los fiscales pensaron que no tenían pruebas suficientes para detener al hombre, por lo que los agentes le dejaron volver a casa después de que prometiera declarar como testigo en cualquier futuro juicio penal. Los investigadores no tenían esperanzas de llegar hasta León: En febrero de 2007, meses después de perder la carrera al Senado, desapareció: se rumoreaba que había sido víctima de un asesinato a manos de la mafia de la droga.
En Ciudad de México, los agentes de la DEA ensayaron con Soto, le colocaron un dispositivo de grabación y, en abril de 2011, lo enviaron a hablar con Mollinedo. Fue un desastre. «Estaba aterrorizado», recordó un ex funcionario. No quedó claro si Soto manipuló mal el equipo o lo apagó deliberadamente, pero regresó con una grabación truncada que a menudo resultaba ininteligible por el ruido de fondo.
En un segundo intento, al mes siguiente, se obtuvo cerca de una hora de cinta. En esa conversación quedó claro que Mollinedo conocía la transacción de 2006, según personas familiarizadas con el caso. Parecía preocupado por dos antiguos miembros del equipo de seguridad de la campaña, que habían sido encarcelados recientemente y podrían verse presionados para revelar lo que sabían sobre las contribuciones de los traficantes. Los funcionarios dijeron que Mollinedo también mencionó a amigos en la oficina del fiscal general mexicano que podrían ayudar a protegerle a él y a Soto.
Aunque estaba claro que los dos hombres hablaban de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o se incriminara más directamente. «Nunca dijo: ‘No sé de qué me estás hablando’ o ‘No conozco a ninguna de esas personas’. No se dijo nada que le exculpara», dijo un ex funcionario sobre Mollinedo. «Pero la cinta no refrescó la conspiración tanto como hacía falta».
En una entrevista, Mollinedo negó haber recibido alguna vez donaciones de narcotraficantes y rebatió la idea de que López Obrador tolerara alguna vez ese tipo de corrupción. «Nosotros no manejábamos dinero», dijo, refiriéndose a su equipo de logística, y añadió que éste sólo manejaba los fondos que se le daban para gastar en transporte y otros gastos de campaña.
Tras revisar las grabaciones, los fiscales de Nueva York quedaron decepcionados, según declararon antiguos funcionarios. Para un caso tan delicado y arriesgado, consideraron que las pruebas debían ser casi irrefutables. No obstante, los agentes propusieron seguir adelante con la operación encubierta dirigida a Mollinedo y otros ayudantes de López Obrador. La forma en que procedieran a partir de ahí -y si iban a por López Obrador y otros políticos de su órbita- dependería de lo que los agentes averiguaran.
Cuando el SARC se reunió de nuevo para revisar el caso, justo antes del Día de Acción de Gracias de 2011, funcionarios de Justicia y de la DEA en Washington, D.C., se unieron por videoconferencia con agentes de alto rango de la DEA en Ciudad de México y Nueva York. Esta vez, sin embargo, las preguntas fueron más agudas, dijeron varias personas familiarizadas con la reunión. Incluso si los funcionarios de la Embajada de EE.UU. informaron sólo a funcionarios mexicanos de confianza, la información podría filtrarse fácilmente, dijeron algunos funcionarios, y podría ser explosiva.
Los representantes de la DEA en la reunión hicieron hincapié en que no pretendían influir en las elecciones mexicanas, según explicaron funcionarios conocedores de la reunión. Pero también señalaron que si México elegía a un presidente que llegara al cargo endeudado con poderosos narcotraficantes, las consecuencias podrían ser catastróficas para la colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países.
Poco después de iniciarse la reunión, se interrumpió la conexión de vídeo con Ciudad de México, algo habitual en la tecnología de la época. Sin el grupo principal de la DEA trabajando en el caso, el tono de la discusión cambió, dijeron dos personas presentes. Los abogados del Departamento de Justicia hablaron de los enormes riesgos de la operación, de las inciertas pruebas y de las secuelas aún volátiles del escándalo Rápido y Furioso, que había llevado a algunos republicanos en el Congreso a pedir la dimisión del fiscal general Eric Holder.
Los agentes y fiscales recibieron la noticia de la decisión del SARC días después: se cerraba la operación.
En mayo de 2012, el gobierno mexicano extraditó a El Grande. Cuando los agentes pudieron preguntarle en suelo estadounidense sobre las donaciones a la campaña de López Obrador, confirmó que La Barbie las había hecho después de la reunión en Nuevo Vallarta, dijeron dos funcionarios.
Mauricio Soto Caballero, a la izquierda, y Mollinedo en 2019, cuando anunciaron el lanzamiento de un nuevo partido político ecologista Crédito:Tomás Martínez/Grupo Reforma
El papel estelar de López Nájera como Jennifer en la Operación Limpieza duró poco.
Cuando el gobierno de Calderón fue sustituido en diciembre de 2012, no lo fue por López Obrador y su alianza de izquierdas, sino por el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, el partido político que había mantenido al país bajo un control corrupto y autoritario durante más de 60 años hasta 2000. El nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, se alejó rápidamente de la estrecha cooperación policial de su predecesor con Estados Unidos. Parte de ese cambio fue un esfuerzo del procurador general de Peña, Jesús Murillo Karam, por desacreditar y revertir los procesamientos de funcionarios corruptos de la administración anterior.
Según tres funcionarios familiarizados con los hechos, los fiscales mexicanos siguieron entrevistando a López Nájera en Estados Unidos, pero ahora trataban de explotar las lagunas y contradicciones de su testimonio. Le pidieron que corroborara nuevos detalles de los hechos que había descrito, a veces sugiriendo fechas concretas, sólo para que otros testigos presentaran coartadas para las fechas que López Nájera había confirmado.
Una oleada de noticias mexicanas, muchas de ellas impulsadas por aparentes filtraciones del gobierno, acusaron a López Nájera de ser un mentiroso bien pagado por el régimen anterior. Proceso, la principal revista de investigación del país, reveló su identidad con una fotografía de portada que, según funcionarios estadounidenses, procedía de la oficina del fiscal general mexicano. Prácticamente todos los funcionarios encarcelados en la Operación Limpieza fueron puestos en libertad después de que se retiraran los cargos contra ellos.
Lo que no se hizo público fue que los funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley tenían la opinión contraria. Aunque señalaron que López Nájera había sido incoherente o se había equivocado en algunos puntos de sus declaraciones, casi todo lo demás que les había dicho se sostenía. Así que, aunque López Nájera se convirtió en un símbolo en México de los fallos del sistema judicial, la DEA lo consideró creíble y siguió trabajando con él.
Incluso antes de que López Obrador asumiera el cargo en diciembre de 2018, funcionarios estadounidenses comenzaron a revisar la información de la investigación de la DEA como parte de su esfuerzo por evaluar la voluntad del nuevo presidente de trabajar con ellos contra las mafias, dijeron personas informadas sobre el esfuerzo. Pero el nuevo mandatario mexicano no tardó en responder él mismo a esa pregunta.
Proceso, la principal revista de investigación periodística de México, reveló en 2013 que el informante más conocido del gobierno era un ex abogado de narcotraficantes llamado Roberto López Nájera.
Primero marginó a los equipos de comandos mexicanos que habían sido el socio más fiable de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia estadounidenses. Luego cerró una unidad de la policía federal que la DEA había entrenado e investigado para trabajar con los estadounidenses en grandes casos de drogas.
Cuando los agentes de la DEA arrestaron a un ex ministro de Defensa mexicano, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, por cargos de corrupción relacionada con el narcotráfico en octubre de 2020, López Obrador se volvió contra la agencia con aún más fuerza. Con el alto mando militar presionando al presidente para que actuara en defensa de Cienfuegos, los funcionarios mexicanos dejaron claro que la cooperación antidrogas estaba en riesgo. Después de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, abandonara el caso y repatriara al general, López Obrador declaró «muerto» el acuerdo de Mérida e impulsó nuevos y estrictos límites sobre cómo podían operar los agentes estadounidenses dentro de México.
Las antiguas promesas de López Obrador de llevar a cabo una cruzada contra la corrupción política no han producido casi ningún resultado significativo. Aunque a principios de la administración se anunciaron una serie de acusaciones de corrupción -casi todas contra adversarios políticos del presidente-, casi ninguna fue enjuiciada con éxito.
Sin embargo, López Obrador sí puso en duda el descrédito de la Operación Limpieza por parte de la administración anterior. En agosto de 2022, su gobierno arrestó a Murillo Karam acusado de ayudar a encubrir las desapariciones de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014. Meses después, el gobierno anunció que el ex fiscal general también se enfrentaría a cargos de corrupción en relación con más de 1,3 millones de dólares en ingresos ocultos y contratos ilícitos de los que se habría beneficiado durante su mandato. Murillo Karam ha negado los cargos.
Mollinedo, antiguo colaborador cercano del presidente, abandonó el bando de López Obrador tras la campaña de 2012 para dedicarse a los negocios. Más tarde se unió a Soto para intentar crear un nuevo partido político centrado en el medio ambiente. El esfuerzo se desvaneció en menos de un año.
Mollinedo dijo a ProPublica que sigue siendo profundamente leal al presidente. Aunque él y su familia han sido acusados de enriquecerse gracias a sus conexiones políticas, afirma que sus actividades empresariales han sido totalmente legales.
