El Tribunal Electoral dio luz verde para que políticos con un proceso penal encima puedan tomar protesta como diputados o senadores.
En la lista está Javier Corral, acusado por el Gobierno de Chihuahua de desviar 98 millones de pesos de un contrato relacionado con la reestructuración de la deuda pública.
El PAN pidió a la Sala Superior declararlo inelegible, al contar con una orden de aprehensión y estar considerado como prófugo de la justicia.
Sin embargo, por unanimidad, los magistrados afirmaron que esto último no se confirma, por lo que se mantiene su lugar como senador plurinominal.
«No le asiste la razón al recurrente, respecto a que dicha persona es inelegible, porque no se actualiza la segunda condición necesaria, estar sustraído de la justicia, para considerar que se encuentra suspendido de sus derechos político-electorales.
«De las constancias que obran en el expediente es posible sostener que la persona denunciada está disponible, por lo que no se encuentra huyendo de la acción de la justicia, o bien, de alguna medida de autoridad», añadió.
Mientras que Morena pidió no aprobar al panista Ricardo Anaya, acusado por la Fiscalía General de la República de recibir sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El ex candidato presidencial regresó hace unos días al País después de que en agosto del 2021 se autoexilió por temor a ser detenido.
«Se considera ineficaz el agravio relativo a que Ricardo Anaya se encuentra prófugo de la acción de la justicia, debido a que, en el caso opera la eficacia refleja de la cosa juzgada, derivada del pronunciamiento que realizó ya esta Sala Superior.
«El recurrente no expone argumentos concretos para sustentar su planteamiento sobre la supuesta situación de prófugo de la justicia y tampoco aporta elementos diversos a los que fueron materia de análisis en los que pudiera demostrarse que su situación jurídica ha cambiado», apuntó.
En su queja, Morena aseguró que no cumplía con la residencia efectiva, pero el Tribunal aseguró que se acredita que es originario del Estado de México.
Por unanimidad, los magistrados también avalaron que el dirigente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Miguel Ángel Sánchez Rivera, tome protesta como diputado federal plurinominal.
El emecista es acusado de encubrir el homicidio doloso de un menor de edad en el 2022, en el albergue Febriles, cuando era director del DIF estatal.
En su impugnación, el PRI afirmó que éste tenía orden de aprehensión y estaba prófugo de la justicia, además de tener una sentencia por violencia política de género contra una regidora de su mismo partido.
«La parte recurrente no acreditó la existencia de una orden de aprehensión en contra del candidato que aduce es inelegible y, por ende, tampoco que se encuentre prófugo de la justicia, pues no aportó ningún elemento que sustentara su impugnación; elementos necesarios para pronunciarse sobre la elegibilidad del candidato», determinó el Tribunal.
Morena también había impugnado la senaduría de Lily Téllez, por supuestamente carecer del modo honesto de vivir, sin embargo, los magistrados también lo declararon infundados.
El Tribunal también había recibido una veintena de impugnaciones contra candidatos que ganaron, por la vía plurinominal, diputaciones para representar a algún sector, pero los acusaron de simulación. Sin embargo, los magistrados también declararon improcedente sus quejas.
