La propuesta de reforma constitucional en materia energética, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, afectará financiera y operativamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtieron especialistas.
La iniciativa busca cambiar el estatus de las empresas estatales de productivas a públicas.
Esto implica que dejarían de tener como mandato constitucional generar rentabilidad en su plan de negocios y en sus proyectos, lo que les permitirá operar con pérdidas financieras y, por lo tanto, ineficiencias operativas, explicó Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de Competencia y Regulación de México Evalúa.
«Perderán la directriz de seguir las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo, esto puede tener afectaciones en el ámbito financiero, pues dichas prácticas de gobernanza son la brújula con base en la cual las empresas productivas del Estado salen a los mercados de deuda», puntualizó en entrevista ayer.
La experta advirtió que si no hay productividad en ambas empresas, pueden quedarse sin acceso a financiamiento.
Si bien, con la reforma de 2013 -cuando se les dio el carácter de productivas-, CFE y Pemex continuaron siendo propiedad del Estado, lograron tener cierta independencia de gestión, dijo Julia González, consejera de la firma González Calvillo.
«Lo que distinguía a las empresas productivas estatales (EPE) era la generación de valor económico y unas reglas de contrataciones estatales con un régimen especial; (ahora) no hay claridad respecto a cómo van a operar (al volver a ser públicas) y todos esos detalles se tendrán que establecer en las regulaciones secundarias», señaló González.
Moreno agregó que la competencia es importante porque es el mecanismo más efectivo para que las empresas se esfuercen por entregar mejores productos y servicios.
En su conferencia mañanera ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el cambio no implica que CFE y Pemex no serán productivas, sino que puedan competir al mismo nivel que todas las empresas privadas.
La iniciativa proviene del paquete de reformas presentadas por el Gobierno anterior en febrero.
Piden certidumbre
Para que las inversiones en materia energética en México se consoliden, el Gobierno debe garantizar certidumbre jurídica y compromiso con el Estado de derecho, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En un análisis presentado ayer, alertó que la posible reforma energética conlleva riesgos potenciales de incertidumbre jurídica y se limitarían las inversiones, no solo del sector, sino de la economía en general.
Además, se corre el riesgo de desmotivar la entrada de nuevos competidores en el mercado de generación.
