Cuatro de los 17 detenidos involucrados terminaron libres y al resto les quitaron el cargo por terrorismo, tras el segundo «Culiacanazo», por la captura de Ovidio Guzmán, hijo de «El Chapo» Guzmán, indican las autoridades.
El portal Milenio hizo una solicitud de transparencia a la Fiscalía General de la República (FGR) para el seguimiento del caso de violencia del 5 y 6 de enero anteriores, en los que detuvieron a 16 hombres y una mujer.
La FGR indicó que cuatro fueron liberados al no poder comprobar su participación en los hechos donde perdieron la vida 29 personas, 35 resultaron heridas y 256 vehículos fueron quemados.
Asimismo, el abogado de unos de los imputados, Jaciel Iván López Parra, presentó un recurso para apelar la acusación de terrorismo, por lo que el tribunal colegiado de apelaciones del decimoprimer circuito con sede en Moreli, desechó la acusación.
Así, los 13 involucrados únicamente fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El abogado resaltó inconsistencias en declaraciones de los efectivos que participaron en las capturas. Según el informe parcial 4/2023, elaborado el 7 de enero de 2023, un fiscal federal argumentó en sus datos de prueba que los detenidos dispararon contra elementos al ingresar a Jesús María.
Tras la agresión fueron aseguradas tres armas tipo ametralladoras calibre 5.56×45, siete armas de fuego tipo fusil, 475 cartuchos de calibre 5.56×45, 612 de 7.62×93, ocho cargadores calibre 5.56×45 y veinte de 7.62×39.
El agente de la FGR argumentó que los actos de violencia buscaban generar alarma y temor en la población, «para presionar a las autoridades y obligarlas a liberar a su jefe, el señor Ovidio».
Sin embargo, los señalamientos fueron desechados porque los elementos aprehensores no señalaron en su informe que «los imputados realizaran dichas conductas, ni antes ni después de la detención, tampoco que su jefe fuera la persona nombrada por el fiscal», lo que constituye inconsistencia.
Entonces, los efectivos federales no tenían certeza de que los detenidos fueran sus agresores.
Asimismo, no se preservó la escena del crimen, pues los peritos no tomaron fotografías para las pruebas y no registraron la cadena de custodia ni hicieron exámenes para detectar pólvora en las manos de los detenidos.
