Cristopher James Barousse, uno de los acusados de la nómina secreta, reveló que si fue una tortura para quienes accedieron ser testigos protegidos, los que se negaron sufrieron un infierno y más, porque buscaban testimonios contra la ahora gobernadora.
Barousse expone que aquellos como él, Toño Tarín y Gerardo Villegas sufrieron un verdadero infierno dentro de la prisión y antes de ser detenidos, pues buscaron de todas formas que declararan en contra de Maru Campos y qué cuando se denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos la tortura, el fiscal César Peniche los tildó de “locos”.
Calificó como “un infierno” lo que vivieron aquellos exservidores públicos que se negaron a ser testigos protegidos.
“Hoy salen estos 5 (sé quienes son porque son los que testificaron vs la Gober y vs mí ya que tenemos la misma carpeta) a decir que los torturaron y SÉ que así fue, pero lo cañón aquí es que si eso le hacían a los que estaban paseando por las calles como Emilio Lozoya. Imagínate lo que nos hicieron a los que no quisimos convertirnos en TP’s (fue un infierno, créeme y a mí más ya que querían por mi conducto chin… a Maru)”, dijo Barousse.
Cristopher James Barousse se encuentra actualmente en prisión domiciliaria tras ganar un amparo.
En un reportaje publicado hoy por el periódico La Jornada, el periodista Gustavo Castillo García, señaló que el gobierno de Javier Corral Jurado obligó bajo amenazas a ex funcionarios, empresarios y ciudadanos a dar declaraciones en contra de varios ex funcionarios, así como de la gobernadora actual de Chihuahua, María Eugenia Campos Galvan y del ex gobernador Cesar Duarte Jáquez.
De acuerdo al reportaje realizado por la Jornada, Javier Corral convirtió la Casa de Gobierno en un centro de operaciones policiacas y ministeriales, donde según testigos se integraban los conocidos aquí como Expedientes X’s en contra de sus opositores de antaño y de quienes veía como futuros competidores políticos.
Allí fueron obligados a convertirse en testigos, diversos colaboradores para que sus testimonios sirvieran como elementos para enjuiciar a aquellos que decidiera el gobierno de Corral Jurado.
Los testigos solicitaron el anonimato por temor a represalias, sin embargo, algunos de ellos laboraron en el gobierno de Chihuahua antes de la administración del priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) y otros se convirtieron en proveedores de esa administración, pero todos aseguran que se les amenazó con acusarlos de haber participado en el desvío de recursos públicos que se imputa al ex mandatario priísta César Duarte.
