domingo, diciembre 22, 2024

Juez difiere fecha de audiencia de Maru porque MP entregó expediente incompleto

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Tras la audiencia celebrada este martes en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Maru Campos señaló que la audiencia de vinculación a proceso fue diferida luego que el juez señalara que no era posible avanzar sin que ella, y María Ávila tuvieran acceso completo a todas las carpetas de investigación.

“Se aplazó para cuando nos hagan el favor de entregarnos las carpetas de investigación porque si no estaríamos violando un principio de igualdad y sobretodo de garantía Constitucional”, explicó.

Dio a conocer, que el juez, pidió al Ministerio Público que una vez que se hubieran realizado las entregas completas de los expedientes se notificara al Tribunal para poder establecer una nueva fecha.

Campos Galván, dijo sentirse muy tranquila y en paz, “seguiremos viniendo aquí al Poder Judicial cuantas veces se nos requiera, cuantas veces se nos solicite, creemos en la fortaleza de la institución, del Poder Judicial, y seguiremos trabajando con ellos cuantas veces se nos diga”, agregó.

La defensa de Maru realizó la solicitud de diferimiento de la audiencia en virtud que no se entregó en tiempo el expediente completo, debidamente cotejado, y además, aún incompleto constaba de 26 mil 471 fojas, por lo que una semana era tiempo insuficiente para realizar un estudio completo y adecuado del asunto.

El juez de garantía, Samuel Uriel Mendoza, explicó al momento de su pronunciamiento que lo hacía tomando en cuenta dos criterios fundamentales: uno, no hay notificación del tribunal de amparo que exista una negación de la suspensión definitiva y segunda porque es evidente que el tiempo es insuficiente para garantizar una defensa adecuada y un principio de igualdad entre las partes.

“Si tomamos en cuenta, que, del otro lado, la Fiscalía, según se advierte del debate, tiene desde 2017 integrando la carpeta de investigación, desde el 2017 hasta el día de hoy contra seis días”, señaló.

Agregó que el obligar a la defensa a que se desempeñe adecuadamente en solo seis días es violatorio de los derechos fundamentales.

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