Juez ordenó arrestar a los chihuahuensesEduardo Guerrero y Jorge Nava por presuntamente perteneces a la gran red de desvío de recursos en prisiones federales, en el cual buscan además a la conductora y modelo Inés Gómez Mont y a su marido Víctor Álvarez Puga.
Este 28 de septiembre dieron a conocer a nivel nacional que juez federal ordenó el arresto de diez personas involucradas en el mismo caso que los prófugos Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.
Entre los diez están los chihuahuenses Eduardo Guerrero (exdirector de Ceresos) y Jorge Nava (fiscal de la Zona Norte hasta hoy) por caso de desvío de recursos y lavado de dinero cuando formaban parte del sistema penitenciario federal.
Sin embargo, no ha trascendido exactamente qué señala la investigación para poder acusar a Guerrero y Nava del caso.
¿De qué trata el caso?
De acuerdo con las investigaciones de la FGR el despacho de Víctor Álvarez junto con la conductora Gómez Mont y múltiples funcionarios federales relacionados al Sistema Penitenciario desviaron recursos por más de 2 mil 950 millones de pesos.
Delitos por los que acusan a Gómez Mont, Álvarez Puga, el exfiscal Nava y el exdirector de Ceresos Guerrero.
- Delincuencia organizada.
- Lavado de dinero (operación con recursos de procedencia ilícita).
- Peculado (desvío de recursos públicos).
Así ocurrió según la acusación.
Los informes judiciales y de los fiscales señalan que el despacho de Álvarez Puga es de las mayores “factureras” de México (empresas que falsifican facturas para evadir impuestos o lavar dinero).
En la investigación señalan contratos que hizo la Segob al asignar sin licitación esos casi 3 mil millones de pesos en contratos triangulados con factureras, pues simulaban la prestación de servicios en Ceferesos (cárceles federales).
Los funcionarios de los Ceferesos y del sistema penitenciario participaron presuntamente alfirmar esos contratos que simulaban servicios y compras que nunca se efectuaban, para así avalar el desvío de fondos.
En aquel entonces el exfiscal Jorge Nava Lópezera director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del sistema penitenciario. Específicamente estaba en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadprs).
En tanto que Eduardo Guerrero Durán fue comisionado del Oadprs entre septiembre del 2015 y el 2016, cuando ocurrió el presunto desvío de recursos.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los contratos dados a empresas para desviar fondos y privatizar cárceles, al señalar presunta corrupción de parte de exfuncionarios federales.