Durante su argumentación, la defensa de Maru Campos, señaló que quedó en evidencia la falsedad y fabricación de pruebas para la persecución política, así como la falta de cumplimiento del Ministerio Público con principios básicos del debido proceso, como es el hecho de otorgar el nivel de testigo protegido a personajes que confesaron la comisión de delitos y sin embargo, no enfrentan ninguna acusación en su contra y no cuentan con algún criterio de oportunidad.
Con estas acciones el Ministerio Público no cumplió con el principio constitucional consagrado en el artículo 20, el que establece el derecho del imputado de enterarse de qué se le acusa y recibir los registros de investigación que solicita.
El principio de igualdad procesal se violó por el Ministerio Público durante todo el juicio, e hizo énfasis en que los testigos protegidos no cuentan con criterios de oportunidad, pese a que se han confesado diversos hechos delictivos en ningún momento se les ha formulado alguna imputación.
A pregunta expresa tanto de la defensa como del juzgador, el Ministerio Público confesó que no existían criterios de oportunidad para los testigos protegidos, por lo que se solicitó sus testimonios no sean tomados en cuenta, atendiendo a diversos criterios jurisprudenciales y doctrinarios.
